3 de diciembre: La exclusión sigue siendo lo habitual

Foto: Aporrea.org

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez

Llega otro Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nada ha cambiado. Las violaciones a los Derechos Humanos del colectivo más ignorado de nuestras sociedades siguen a la orden del día, a excepción de la hermana República Socialista de Cuba que hoy llora la muerte de Fidel Castro Ruz, el líder revolucionario que supo construir la dignidad de su pueblo.

El paradigma de la inutilidad lleva a la teoría de los sobrantes. Los gobiernos y las sociedades latinoamericanas siguen mirando hacia otro lado. Tímidos avances se advierten en la Bolivia de Evo y algo más en la Venezuela del extinto Presidente Hugo Chávez Frías y del Presidente Maduro. En el resto de los Estados, el capitalismo impone sus garras mediante una derecha desembozada que busca el exterminio de aquellos que supuestamente no producen o lo hacen en mínima forma. Pero no es capaz de advertir las potencialidades de un colectivo y darles la oportunidad de ser útiles.

En Argentina, nuestro país, 12 años de kirchnerismo le dieron la reglamentación de un pasaje gratuito, cuya obtención sigue siendo un laberinto kafkiano para los viajes de media y larga distancia, y la ley de los perros guía, que permite su libre acceso sin limitaciones a los lugares públicos y privados mientras que, a casi un año de la administración macrista, sólo se conocen más obstáculos continuando la línea de la anterior, como producto de las medidas económicas y sociales implementadas.

No basta con construir rampas, las cuales suelen ser obstaculizadas por automovilistas que merecen ser escrachados por su falta de empatía con las personas con discapacidad, sino de tender puentes para mejorar su calidad de vida. Es lo que esperan, hace tiempo, los electrodependientes que todavía siguen luchando por su tarifa social pues dependen del servicio eléctrico para sobrevivir y solamente se han contemplado escasos casos, gracias a la lucha y a la solidaridad de otros seres que son humanos. Lo mismo ocurre con quienes se encuentran con la burocracia de PAMI, Profe o Incluír Salud, o las mismas Obras Sociales Sindicales. Éstas últimas, que antes se refugiaban en la falta de pago del Fondo Solidario de Redistribución, continúan con su habitual maltrato y demoras en el otorgamiento de las prestaciones socio - sanitarias de acuerdo a la normativa vigente. Ni hablar de las entidades de medicina privada, cuya gran mayoría continúa con sus prácticas dilatorias y en algunos casos, rayanos con el abandono de personas.

Ahora bien, la lucha puede ser encarada por la vía judicial pero ¿cuántos integrantes y familiares del colectivo tienen los medios para pagar un abogado? ¿Cuántos abogados están dispuestos a defenderlos del sadismo capitalista? ¿Hasta cuándo seguirá la eterna judicialización de la discapacidad?. Podemos responderlo en forma simple; con respecto al primer interrogante, afirmamos que muy pocas y pocos pueden enfrentar la vía del amparo mientras que la desprotección es absoluta en los sectores emprobrecidos de nuestra sociedad al depender de los Defensores Oficiales de Pobres y Ausentes; respecto de lo segundo, basta con decir que son pocas y pocos los que se animan, escudados en pseudo organizaciones, sin contar con los "comerciantes" que bien conocen las personas con discapacidad y con respecto a lo último, mientras no exista un verdadero contralor estatal será imposible terminar con el fenómeno judicial, pues no basta con una Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que solamente reciba las quejas de las y los afiliados con discapacidad sino que debería hacer un control preventivo acerca del accionar de las Obras Sociales Sindicales.

Con $ 3.800 no puede vivir una persona con discapacidad. Aunque no lo crea, ese es el monto que perciben de pensión, la que debería ser incrementada al valor de una jubilación mínima. Otra vez, el principio de subsidiariedad del Estado, sustentado por el capitalismo, deposita la responsabilidad de la subsistencia en las familias, las que ya están golpeadas por la devaluación y los tarifazos. Ni hablar, por supuesto, de la jubilación por la Ley Nacional Nº 20.475, conocida como la "jubilación imposible", porque es otorgada a muy pocos y obliga a las y los trabajadores con discapacidad a continuar trabajando en condiciones inhumanas o resistir hasta obtener la jubilación por invalidez, la que también es obstaculizada por la misma ANSES o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La exclusión sigue siendo lo habitual, mientras se incrementa la población con algún tipo de discapacidad gracias a los agrotóxicos, los accidentes viales y laborales. Pero algo hay que tener en claro: no eligieron vivir con discapacidad, la adquirieron y el Estado como la sociedad los culpabiliza por su situación.

Por eso, Incluyendo busca dar voz a quienes no la tienen o no se las escucha. Para seguir rompiendo el cerco informativo sobre una realidad candente que no se quiere ver ni oír. Y seguirá siendo necesario continuar la tarea hasta que la exclusión deje de ser algo "normal". Es imposible festejar. No hay razón para hacerlo, pero sí para seguir reclamando por la dignidad humana de los eternos excluídos.