Electrodependientes: Una ley necesaria y urgente

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez

Hay más de 100 familias electrodependientes, según un artículo de Perfil (1), que no pueden pagar el tarifazo impuesto por el Gobierno Nacional. En su mayoría, son niños como es el caso de Joaquín Stefanizzi, que se difundió ampliamente por las redes sociales y luego, en parte, por los medios hegemónicos, cuyo padre denunció la pretensión de Edesur de cobrar el importe adeudado y a ello, se le sumó una advertencia que estaba una orden de corte de energía eléctrica "en trámite".

Algunas de estas familias se organizaron mediante el grupo “Luz para ellos”; Mariela Duarte, una de sus integrantes, declaró a la prensa que “pedimos una ley nacional de electrodependientes y no una tarifa social, que por un lado es muy insuficiente para nuestras necesidades y que por otro, solicita una serie de requisitos. El único requisito que necesita un electrodependiente, es serlo. Esto es un asunto de vida o muerte”. Es una realidad candente por cuanto "deben recibir oxígeno las 24 horas del día, porque de lo contrario, su vida corre peligro" (1) y no basta con un tubo de oxígeno (que dura 6 horas) o un generador, cuyo costo es elevado, en el caso de algún corte imprevisto de electricidad.

El Diputado Nacional Carlos Castagneto, que supo ocupar diversas áreas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante las administraciones anteriores, junto con otros nueve integrantes de la bancada del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley de gratuidad de la energía eléctrica para los electrodependientes (2). El mismo se encuentra en el Expediente 4294 - D - 2016, presentado el 19 de julio del año pasado y ya pasó por las Comisiones respectivas a excepción de la correspondiente a Presupuesto y Hacienda donde se encuentra demorado desde hace tres meses.

Edenor, Edesur, Edelap, las empresas provinciales de electricidad y las cooperativas eléctricas tan sólo cumplieron con la orden de inclusión en la conocida Tarifa de Inclusión Social (TIS) del Ministerio de Energía de la Nación, la que resulta insuficiente para cubrir los costos que supone proveer de electricidad a esta comunidad de personas con discapacidad, a la cual debe incluírse también a aquellos que la usan intensivamente para la recarga de las baterías de sus sillas de ruedas a motor.

El Estado también es responsable por estas vidas apenas sostenidas por un respirador. Si ocurriera un corte imprevisto y de ello, se consumara una o más muertes, deberán responder los directivos de las entidades mencionadas por homicidio y el Estado Nacional por genocidio, pues se está ocasionando la muerte de grupo determinado de personas con una alta vulnerabilidad.

La ley de gratuidad no es una concesión graciosa. Es un derecho inalienable porque se refiere a la vida y la dignidad humana. Resulta lamentable que hoy en día sean privilegiados los negocios a la vida misma. De allí que resulte insoportable esta demora en sancionar esta norma para cualquiera que tenga un poco de humanidad.

Pareciera que no importa la vida de estos niños y personas con discapacidad que, junto a sus familias, están inmersas en el miedo de quedarse sin el importante suministro pero que pueden pasar al terror y al horror gracias a la omisión privada y estatal. Nada nuevo bajo el sol si tenemos en cuenta los recientes vetos a la ley de trombofilia y a la de la expropiación del Hotel Bauen. Y tampoco sería extraño que si se sancionara la norma, hoy cajoneada en el Congreso Nacional, sea vetada por un Presidente insensible

La ley es necesaria y urgente. Hay vidas que dependen de ella. Las empresas y el Estado son responsables. Estas familias no pueden vivir de promesas, después de sucesivos fallos judiciales más afines al empresariado que a las personas con discapacidad.

Mientras tanto, el Presidente veranea en Villa La Angostura; los Diputados y Senadores preparan sus valijas para el receso del mes próximo y los funcionarios siguen descansando plácidamente. ¿Será necesaria una muerte para que se sancione esta ley? Pareciera que sí, aunque también sabemos que poco les interesan los Derechos Humanos y las personas con discapacidad. Como hemos afirmado durante un editorial antes de las elecciones presidenciales: "la discapacidad no está en la agenda política" y no basta con el reclamo de estas familias, porque la misma sociedad tampoco lo exige. Pero desde Incluyendo, seguimos batallando por aquellos que no tienen voz y justamente son estos sectores vulnerables que son el jamón del sandwich en pleno ajuste, al igual que el resto del pueblo y los trabajadores.

NOTAS:

(1) Caso Joaquín: hay más de 100 familias electrodependientes

Ver en http://noticias.perfil.com/2016/12/19/caso-joaquin-hay-mas-de-100-familias-electrodependientes/

(2) http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=187880